Activistas de Osona y el Maresme alzan la voz por sus territorios
Ante la falta de respuesta de las administraciones locales, una delegación de mujeres traslada al corazón de la UE su denuncia frente al despojo de un modelo que agota los recursos naturales y prioriza el beneficio económico sobre la salud y los derechos de las poblaciones.
“España es uno de los países que más delitos ambientales comete en la Unión Europea”, destaca María Ramos, activista catalana de los colectivos ‘Ara o Mai per la defensa del territori’ y ‘Per Una Plana Viva’. Según la base de datos de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, ahora la península ocupa el tercer puesto en este ranking de infractores —con 23 expedientes activos, después de Italia (27) y Polonia (25)—, pero hasta hace menos de tres años encabezaba la lista, y en el pasado fue top 1 durante siete años seguidos.
A su vez, “La plana de Vic es el segundo punto más contaminado de Europa. Por las características orográficas que tenemos se nos acumula la contaminación. Por eso nos preocupa el crecimiento de la industria agroalimentaria en esta zona, que ahora mismo está perjudicando tanto el agua como el suelo”, explica Ramos. En la costa, por su parte, el problema más acuciante es la gentrificación y la movilidad: “El Maresme se ha convertido en una zona dormitorio de Barcelona. Hay un desplazamiento de la población local, pérdida de identidad, pocos espacios verdes, falta de trabajo y sobre todo un problema de movilidad con la línea del tren, la carretera N-2 y la falta de transporte interurbano. No obstante, las administraciones solicitan fondos para construir más viviendas, mientras que existe una alta proporción de pisos vacíos”, plantea Elle Flâne Cebrián, ingeniera, astrofísica, docente y activista de ‘Preservem Maresme’, ‘No Mès Pisos’, ‘Luzablue Technologies’ y ‘Fundació Mas i Terra’.
Con estas premisas, las defensoras por el medio ambiente y los derechos humanos han trasladado sus denuncias directamente a Bruselas durante los últimos días, buscando en las instituciones europeas la escucha y la protección que las diferentes administraciones esquivan regularmente. La delegación catalana ha sido recibida por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), la Delegación del Gobierno de Cataluña ante la UE y por el Foro Cívico Europeo (ECF), y ha regresado con una nueva hoja de ruta: mecanismos de acción y denuncia, estrategias de fiscalización y herramientas legales para que las autoridades locales responsables no puedan ignorar la ley o las peticiones de los ciudadanos.
Las defensoras también han alertado en Bruselas sobre el desvío de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, y su uso para desmovilizar el activismo, sumado a un constante silencio administrativo ante las demandas ambientales y la falta de consultas públicas vinculantes. Además, han señalado la necesidad de adecuar aún más los límites tolerables de contaminación a las recomendaciones de la OMS y de imponer plazos para su cumplimiento, a la vez que denunciaron la recurrencia de delitos ambientales en los diferentes municipios.
“Representamos a dos regiones que sufren las consecuencias de un modelo agotado: fueron pioneras, motores económicos de Cataluña, y hoy necesitan un cambio estructural. Las comarcas de El Maresme y de Osona requieren un nuevo plan de desarrollo sostenible, económico, social y ambiental, que contemple una redistribución real, no podemos permitir más concentración en pocas empresas. Es imprescindible que haya más actores involucrados, pequeños agricultores, pequeñas y medianas empresas que generen trabajo local, donde se preserve la vida y el cuidado ambiental sea prioritario, respetando las normativas de salud y contaminación. Esta gira nos coloca un paso más adelante en este camino”, reflexiona Elle Flâne.
«Tejiendo redes de defensoras» es un proyecto que comenzó hace más de tres años en diferentes comunidades de base de Cataluña y América Latina y se materializó en la elaboración de investigaciones de campo y enriquecedores encuentros de activistas de las distintas regiones. Esta gira de incidencia en el corazón político de Europa representa el punto álgido de la iniciativa impulsada por la ONG Farmamundi y financiada por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD).
Cataluña y el extractivismo de proximidad
Las investigaciones realizadas a ambos lados del Atlántico han detectado un puente entre problemáticas aparentemente diversas: el desplazamiento forzado de comunidades nativas de sus tierras ancestrales en Latinoamérica y la expulsión paulatina de las poblaciones locales o de los pequeños agricultores europeos, las mineras y las macrogranjas, los grandes parques de energías renovables y los megaproyectos turísticos y de ocio: se trata del mismo sistema extractivista global.
Bajo la máscara del progreso, el modelo destruye y oprime, pero no a todas las regiones de la misma manera. En Cataluña el mecanismo funciona de forma sutil: hay un ocultamiento deliberado de la información pública y un silencio administrativo de parte de los ayuntamientos y los organismos gubernamentales frente a los reclamos de las organizaciones locales.
“En Osona vemos que se están proyectando ampliaciones de polígonos industriales sobre terrenos agrícolas productivos y altamente productivos. Este crecimiento urbanístico no sólo no está justificado en relación al consumo del mercado regional, sino que además corre el riesgo de acabar en manos de industrias agroalimentarias y de ganadería intensiva porcina que ya están sobredimensionadas en nuestros territorios, suponen un riesgo económico inasumible en situaciones de amenaza del sector, como es la actual Peste Porcina Africana, y causan muchísima contaminación. Los ríos y las aguas subterráneas están muy afectadas y lo mismo sucede con la tierra, porque inyectan los purines directamente en el suelo”, describe con preocupación Ramos. “No se puede obtener agua potable local, sólo llegamos al 10%. El 90% restante se debe traer de Girona, del río Ter. Y cuando llevamos nuestras denuncias a las autoridades nos sentimos muy desprotegidas, no hay respuestas y el único objetivo es el fin económico”, lamenta la defensora catalana.
En tanto, El Maresme está densamente poblado y no se cumplen las normativas de espacios verdes por cantidad de habitantes. La integrante de No Mès Pisos señala que “hace años que reclamamos más zonas naturales y equipamientos públicos, pero siempre nos contestan que no hay dinero. Sin embargo, a través de estas reuniones que mantuvimos en Bruselas pudimos saber que hay muchos fondos europeos que los ayuntamientos solicitan, pero se utilizan para nuevos planes de viviendas, mientras tenemos una enorme cantidad de inmuebles vacíos, o para proyectos como parques de paneles solares, que luego nos enteramos que están mal instalados y no cumplen con los objetivos, por lo que se convierten en fraudes millonarios”.
En momentos donde un puñado de líderes mundiales juega al Risk con el mapamundi real como tablero y el malestar de los pueblos se ha vuelto paisaje, la protección de la tierra y los derechos humanos puede desdibujarse tras la humareda de los conflictos geopolíticos. Sin embargo, lo que ocurre en Osona y el Maresme también sucede en Aragón o en Castilla y León, en Huelva, Galicia, Madrid, Bilbao o Sevilla. Atraviesa fronteras y cruza océanos, se expande y se vuelve brutal en el Sur global contra aquellas mujeres defensoras que, al cuidar de sus territorios y comunidades, exponen su vida en contextos de violencia, persecución política y criminalización.
Es la expresión cotidiana de un sistema extractivista que necesita del silencio cómplice del Norte para seguir operando a gran escala. Un modelo que exprime los recursos finitos de los territorios y sacrifica la salud de la población para sostener una acumulación de beneficios que nunca retorna a la comunidad, sino a la misma maquinaria que hoy pone el mundo en peligro.