Un decálogo sintetiza las conclusiones extraídas de dos estudios sobre defensoras de derechos en Cataluña y Centroamérica.
Los dos estudios, situados en contextos diferentes pero conectados por un mismo conflicto entre capital y vida, coinciden en una idea central: los impactos de los modelos extractivistas no pueden entenderse únicamente en términos ambientales. Afectan los cuerpos, las economías cotidianas, los vínculos comunitarios, la salud, la memoria y la capacidad colectiva de sostener la vida.
En este sentido, poner el foco en la necesidad de cuidar a las defensoras es también una forma de defender la vida. Frente a la lógica extractivista, emergen prácticas basadas en la reciprocidad, la interdependencia, la gestión comunitaria de los bienes comunes y la justicia ambiental y de género. No se trata solo de resistir, sino de mostrar formas concretas de transición ecosocial. Y en este ámbito, las mujeres defensoras son un sujeto político central, referentes y agentes de transformación ecosocial.
Además, el decálogo recuerda que los discursos verdes no garantizan, por sí solos, justicia. Cuando se prioriza el mercado, la energía o la rentabilidad por encima de las comunidades, pueden reproducirse dinámicas coloniales y nuevas formas de despossesión. Una transición justa exige reorganizar las prioridades desde los cuidados.
La conexión entre Cataluña y Centroamérica muestra que los cuidados pueden escalar del plano comunitario al plano internacional. Las alianzas entre territorios hacen posible compartir aprendizajes, estrategias, protección y fuerza colectiva. Cabe recordar que los cuidados son también una protección contra la violencia que, muy a menudo, sufren las defensoras de derechos, como la persecución, la criminalización y muchas otras formas de amenaza.
Se puede descargar el decálogo en el siguiente enlace.
El decálogo forma parte del proyecto Tejemos redes de defensoras de derechos humanos y ambientales de Cataluña y América Central: empoderamiento y autonomía por la justicia ambiental y de género y por la incidencia política para el cumplimiento de la Agenda 2030, impulsado por Dret a la Salut y financiado por l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).